Atenco TERROR institucional Nancy Flores / David Cilia, fotos San Salvador Atenco, Estado de México. Miradas de reprobación y escrutinio son vehementes en los rostros de los pobladores. Después del operativo de represión, promovido el 4 de mayo de 2006 por los gobiernos federal y estatal, cada forastero es escrutado y recibido con desconfianza. Y es que desde esa fecha el pueblo de Atenco está dividido en dos: delatores (priístas) y delatados (integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona).
Publicidad Los últimos —víctimas de la ultraderecha que impone el supuesto “orden” contraviniendo la Constitución— dicen que los traidores han sido identificados, que son militantes del Partido Revolucionario Institucional pagados por el “mal gobierno” de Enrique Peña Nieto y usados como delatores en el acto de represión patrocinado con recursos públicos. Tras recabar varios testimonios, los miembros del FPDT han confirmado la identidad de al menos tres hombres y una mujer de extracción priísta quienes, cubiertos con pasamontañas, se encargaron de señalar las casas de familiares y amigos del líder Ignacio del Valle. Durante el operativo, medio centenar de viviendas fueron allanadas por elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) y de la Policía Estatal, a pesar de que en ningún caso se contaba con orden judicial como lo manda la Ley. Además de la zozobra desatada por la presencia de “espías” del gobierno que vigilan cada movimiento de los integrantes del Frente de Pueblos, y de las amenazas de más allanamientos que sueltan los priístas, las miradas contienen dolor, indignación, miedo, pero sobre todo rabia; esa rabia por haber sido violentados como pueblo, como individuos, como gente humilde, como gente campesina. La tranquilidad de Atenco ha sido robada por ese supuesto “Estado de Derecho” que pretende justificar el uso excesivo de la fuerza pública. Y aunque la plaza, las calles y los callejones, que parecen un extraño laberinto, han sido finamente lavados y el asfalto no muestra más la sangre que la bota de la represión arrancó a los detenidos tras brutales golpizas, la gente no olvida. Ventanas destrozadas, puertas rotas, muebles tronchados y ropa esparcida por doquier en unos 50 hogares, entre ellos el de Ignacio del Valle, y en las oficinas ejidales, de donde además fueron robados 140 mil pesos, una computadora y varios documentos internos, según acusan el comisariado ejidal Santiago Medina Islas y el tesorero Julio Flores Yáñez, demuestran lo que la administración de Vicente Fox le hizo a este pueblo dos meses antes de la elección presidencial. “El gobierno sólo trajo intranquilidad a Atenco”, dicen algunos vecinos que no se identifican porque tienen miedo a las represalias. Pero la embestida, señalan, no viene únicamente del aparato gubernamental, sino que se da en complicidad con los medios de comunicación. “TV Azteca y Televisa dicen que somos delincuentes. Nos acusan de violentos como de por sí lo hacen con los pobres de este país. Pero si alguien ha traído la violencia son Fox y Peña Nieto. En dónde están los hijos de Marta Sahagún, en dónde está Arturo Montiel o el góber precioso (Mario Marín). Por qué no le aplican el 'Estado de Derecho' a los verdaderos delincuentes”, se preguntan. Y aunque no se trata de narcotraficantes ni de secuestradores, para el gobierno esta gente y los 189 presos políticos de Atenco y de La Otra Campaña, como los ha reconocido el subcomandante insurgente Marcos —de los cuales 17 ya fueron absueltos—, son acusados de haber cometido el delito de delincuencia organizada. Así lo demuestra el cargo que se les pretendió fincar en la averiguación previa 96/06 y la posterior apelación contra el fallo de absolución dictado el pasado 10 de mayo por el juez segundo penal de Toluca, Jaime Maldonado, cuya oficina está decorada con una foto del gobernador Enrique Peña, quizá porque poco le importa la independencia de poderes. Un integrante del FPDT explica: “para Fox somos peligrosos porque no estamos de acuerdo con su gobierno; pero cómo vamos a estar de acuerdo si lo único que hace es engañar para vender lo que no es suyo. Él está enojado con nosotros porque no pudo construir su aeropuerto y por eso nos reprime y manda a la cárcel a Nacho (del Valle) y a otros 'compas'. Ahora dice que ya nos desarticuló. No es así, nosotros estamos en pie de lucha”. El operativo Un día después del desalojo de por lo menos ocho floricultores del mercado Belisario Domínguez, ubicado en Texcoco, que provocó un enfrentamiento entre miembros del FPDT y elementos de las policías federal, estatal y municipal —y cuyo saldo fue de un menor de edad muerto, 94 detenidos, entre ellos Ignacio del Valle, y nueve agentes retenidos—, Atenco fue tomado violentamente. Con el pretexto de rescatar a los elementos de la policía que permanecían bajo la custodia de los pobladores, y a pesar de las negociaciones que se mantenían con el gobierno estatal para liberarlos, al despuntar el 4 de mayo se inició el operativo de represión instrumentado por el Estado mexicano. La vigilancia flaqueaba: en las barricadas formadas por unas treinta personas —con excepción de la principal que apenas superaba las 250 y estaba ubicada en la calle de Los Fresnos —, la mayoría de los integrantes del FPDT, adherentes a la Sexta Declaración, observadores de derechos humanos y estudiantes, dormían cobijados por el calor de las llantas incendiadas. Algunos activistas se habían retirado: creían que al amanecer el peligro de una intervención policíaca estaba superado. No fue así. Aunque una falsa alarma a las tres de la madrugada los volvió escépticos, a las seis las botas de unos 3 mil 500 elementos de la Policía Estatal y de unos 2 mil de la PFP pisotearon Atenco. Las campanas de la iglesia, que se encuentra justo frente a la plaza principal, la presidencia municipal y las oficinas del comisariado ejidal, repicaron en señal de alerta. La resistencia adormilada preparó la defensa con algunas bombas molotov, cohetones, palos y piedras. Cinco helicópteros, tanto de la federal como de la estatal, empezaron a sobrevolar la zona y a lanzar algún tipo de gas, cuentan testigos. En uno de éstos viajaba un delator. La represión llegaba a San Salvador Atenco con una sola orden: “golpear todo lo que se mueva”. Las tropas de la fuerza pública avanzaban tras los disparos de varios dispositivos de gas lacrimógeno e incluso de las armas de fuego que portaban los estatales, de acuerdo con tres testimonios obtenidos por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Una joven, que se salvó de una inhumana golpiza y del abuso sexual que sufrieron en su mayoría las mujeres detenidas, dice: “detrás de la gran nube de gas se veían demasiados policías. Vimos nuestros palos y omprendimos que nada podíamos hacer. El gas nos hacía vomitar, no veíamos ni respirábamos bien. Corrimos. Los vecinos salían para darnos trapos empapados de agua o vinagre. Luego alguien nos refugió en su casa y ahí permanecimos por 12 horas”. Afuera, y sin importar siquiera que las cámaras fotográficas y de televisión registraban la saña con la que eran sometidas las ya de por sí disminuidas víctimas, policías federales y estatales reprimían a su antojo a los detenidos en supuesta flagrancia. Con la anuencia del presidente Vicente Fox y su aparato gubernamental la fuerza pública golpeó y pateó a los hombres y a las mujeres hasta el hartazgo, hasta que la sangre les empapaba el rostro, los brazos, la ropa. Los detenidos sin orden de aprehensión, varios de ellos en calidad de bultos, como el trabajador de Telmex, Jorge Salinas Jardón, fueron arrastrados hasta los camiones que los trasladarían al penal de Santiaguito. Apilados en los pasillos de las camionetas, los aprehendidos eran torturados y las mujeres abusadas sexualmente, como si se tratara del “botín de guerra” prometido a las tropas desde las oficinas de los altos funcionarios. Detrás de la rejilla de prácticas del juzgado segundo de lo penal, después de denunciar las vejaciones de las que fueron objeto, un joven estudiante increpa a los reporteros con un resumen de la brutalidad: “¿Han olido la sangre humana? O nada más se divierten con el sufrimiento de los demás. ¿Han viajado en un 'pinche' camión de granaderos en donde la sangre chorrea por todos lados, en donde huele a sangre humana, a rastro?, ¿han sentido eso?” En el pueblo, los delatores señalaban las casas que fueron cateadas: sus moradores, incluso los niños y los ancianos, eran golpeados. Del allanamiento a las viviendas se obtuvo el mayor número de personas detenidas. En los techos, los tinacos eran revisados sin excepción. Hasta las tumbas del panteón del pueblo, ubicado en la calle Miguel Hidalgo, fueron registradas. La priísta y sindico procuradora del municipio de Atenco, Rosalinda Martínez Morales, admite que el operativo fue excesivo y que la violencia y la represión instrumentada por el Estado es injustificable, pues, acepta, antes del 4 de mayo el pueblo estaba en paz. “Los del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra no podían ser considerados como un peligro para nadie”, afirma. El operativo de represión instrumentado por el director de Seguridad Pública del Estado de México, Wilfrido Robledo, apoyado por el ex director del Cisen y actual secretario de Seguridad Pública Federal, Eduardo Medina Mora, concluyó a la seis de la tarde del 4 de mayo con 189 presos políticos, cinco extranjeros expulsados ilegalmente del país, un adolescente muerto y un estudiante en estado de coma. Hasta ahora nadie sabe el número exacto de desaparecidos. “Esto que nos hicieron no se va a quedar impune. Sabemos quiénes son. Nada más que se tranquilice esto habrá justicia”, dice un anciano atenquense. “El pueblo está indignado con el gobierno y con los traidores. La gente tiene miedo porque los priístas andan amenazando, pero poco a poco nos estamos reactivando y nos vamos a defender porque estamos en contra de estas injusticias”, advierte un integrante del FPDT que mantiene guardia en la mesa de información de la casa ejidal

Información tomada de la revista contralínea. http://contralinea.info/archivo-revista/